LOS ANGELES – Activistas de California y Arizona llevaron a cabo el lunes una manifestación en Los Ángeles

contra la “Operación Streamline” que ejecuta desde 2005 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que consiste en encarcelar a los inmigrantes indocumentados, sin excepciones, antes de ser deportados a sus países de origen.

Víctimas del plan

El acto de protesta se desarrolló frente al Metropolitan Detention Center y participaron, entre otros, víctimas de redadas tal como Elvira Ayón, quien a pesar de ser madre de dos niños pequeños y estar bajo el programa de Violencia contra la Mujer (VAWA), fue arrestada y encarcelada durante tres semanas.

Ellos (los agentes de Inmigración) no tuvieron en cuenta mi condición de estar amparada bajo el programa que protege a las mujeres contra la violencia doméstica, sin importar nuestra situación de inmigración”, explicó Ayón a un corresponsal de la Agencia Española de Noticias.

La Ley de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) fue aprobada por el Congreso en 2001 y permite a que mujeres víctimas de maltrato y que están casadas con ciudadanos o residentes permanentes en Estados Unidos, regularicen su estatus de permanencia legal sin la asistencia o conocimiento del agresor, quien en muchos casos amenaza a sus víctimas con denunciarlas a las autoridades inmigratorias si no cumplen sus exigencias.

Hay situaciones en que los maridos o esposos de las víctimas amenazan a sus esposas y las mantienen “como prisioneras” en su propia casa, al prohibirles salir a la calle, aprender inglés o conducir un automóvil, explicó el servicio de inmigración estadounidense.

La agencia federal también reconoce que la ley VAWA ha tenido fuerte impacto en la vida de muchas personas víctimas de abusos, quienes han sido objeto de maltrato físico y emocional por parte de sus cónyuges.

Denuncian tortura
Según Ayón, en la cárcel sufrió “tortura física por maltratos y psicológica por la angustia de no saber cómo estaban mis niños”.

“Nuestros impuestos están siendo utilizados para violar los derechos humanos de personas y familias deportadas”, apuntó Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana del Valle San Fernando.

“Es muy injusta la manera como nos están tratando a las personas indocumentadas en este país”, reclamó Ayón.

La inmigrante dijo que la encarcelaron cuando se negó a firmar su deportación voluntaria, pues sabía que tenía una protección especial “de un programa del mismo Departamento de Inmigración” (VAWA).

“No sirvieron mis ruegos por mis dos hijos que quedaban sin mi cuidado y, mientras estuve encarcelada, además del sufrimiento de pensar que iba ser deportada y no los iba poder volver a ver en mucho tiempo, también sufrí daño físico”, señaló Ayón.

La estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de caractr civil y no penal. Activistas han denunciado que la “Operación Streamline” criminaliza la estancia sin papeles.

En los “Operativos Streamline” (tolerancia cero) los inmigrantes arrestados con llevados a una cárcel y procesados y luego se les deporta bajo el programa de expulsión expedita del DHS.

Al ser deportados, a los inmigrantes les cae encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona con penas de entre 3 y 10 años a indocumentados que permanecen entre 180 días y más de un año en territorio estadounidense sin el debido permiso de las autoridades de inmigración.

La Patrulla Fronteriza advierte que en caso de que los deportados reingresen sin autorización por la frontera y sean arrestados por segunda vez, enfrentan cargos penales graves.

La “Operación Streamline”, además puso fin a la práctica tradicional de permitir que los inmigrantes detenidos -sobre todo mexicanos- regresen voluntariamente a México si no tienen antecedentes de cruces ilegales por la frontera.

Todos los detenidos son llevados ante un juez en el menor tiempo posible antes de ser expulsados de Estados Unidos.

Cortes abarrotadas
A finales de febrero del año pasado se supo que la Patrulla Fronteriza mantiene saturadas las cortes federales en Arizona debido a la ejecución del “Operativo Streamline” como fórmula para disuadirlos de cruzar la frontera.

Periódicos de Arizona han reportado que las cortes federales tienen retrasos de casos que involucran a indocumentados detenidos mediante el operativo.

El plan federal conducido por el DHS incluye sentencias que van de los 15 días a los seis meses de prisión como fórmula persuasiva, de acuerdo con la versión del diario.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han denunciado que el objetivo del gobierno sería, al parecer, procesar en promedio a 100 indocumentados diarios, pero que los tribunales federales sólo tienen capacidad para llevar a cabo 60 juicios de todo tipo, sin enfocarse exclusivamente a las violaciones a las leyes de migración.

Denuncias recientes
Durante la manifestación del lunes en Los Angeles, Ayón denunció cómo mientras tomaba una ducha se quemó parte de su cuerpo cuando los carceleros cambiaron abruptamente de agua fría a agua muy caliente.

“Una compañera que también estaba detenida sufrió quemaduras en la espalda”, agregó.

Otro caso presentado fue el de Javier, un residente legal “a quien lo iban a deportar por delitos menores”.

Según explicó el inmigrante, el negarse a firmar su deportación voluntaria le costó 10 meses de cárcel.

A toda máquina
Saucedo igualmente denunció la manera como están siendo procesados los indocumentados en la corte del condado de Pima, en el estado de Arizona.

“Diariamente juzgan grupos de 70 personas a quienes presentan ante la corte encadenados de pies y manos. Los abogados que tiene la corte les recomiendan que se declaren culpables y así procesan 70 inmigrantes en dos horas”, denunció la activista.

“Lo más escandaloso es que la corte recibe 13 millones de dólares mensuales por juzgar a 70 personas diariamente, sin incluir otros costos como el transporte. Están tomando el camino más fácil al juzgar a quien no da problemas”, agregó.

“Están persiguiendo a gente que vino aquí a trabajar y no son criminales y si se niegan a firmar la deportación (voluntaria) los encarcelan y los torturan”, concluyó el activista.

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