Corte estudia caso que afecta deportaciones

Enviado Por JaneLu en 27 Octubre, 2009

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Categoria [ Noticias, Reforma migratoria ]

Fallo final podría demorar varios meses

WASHINGTON – La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchó el martes los argumentos del caso Padilla vs. Kentucky, que busca determinar si los abogados deben informar a sus clientes sobre las consecuencias de una declaración de culpabilidad, incluido el riesgo de ser deportados del país.

Aceptó para bajar pena

José Padilla es un veterano de la guerra de Vietnam original de Honduras que ha vivido en Estados Unidos durante más de 40 años y tiene residencia legal, aunque nunca se convirtió en ciudadano.

En septiembre de 2001 un jurado presentó cargos contra él por supuesto tráfico de marihuana, posesión de marihuana y artículos relacionados con el consumo de drogas, así como por conducir un vehículo sin la documentación necesaria.

Padilla optó por declararse culpable de los tres cargos relacionados con los narcóticos en el año 2002 a cambio de que se desestimase el otro cargo y una sentencia de 10 años por todos los cargos, cinco de ellos en prisión y cinco en libertad condicional.

Su abogado le aseguró que no sería deportado si se declaraba culpable, pero se equivocó porque el tráfico de estupefacientes es un delito grave que conduce a la deportación.

Cambio de parecer
En agosto del 2004 Padilla trató de retirar su auto-inculpación al argumentar que su abogado lo había asesorado indebidamente.

Padilla sostuvo que su abogado le había dicho que no tenía que preocuparse sobre su estatus migratorio porque había estado en el país durante mucho tiempo.

Un tribunal inferior del estado de Kentucky negó la solicitud, al aducir que la auto-inculpación no exige que el acusado sea informado de todas las posibilidades de esa decisión.

El caso acabó en el Tribunal Supremo estatal, que determinó que los abogados defensores no tienen la obligación de advertir a sus clientes sobre las posibles repercusiones migratorias.

La instancia superior
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial estadounidense, aceptó finalmente revisar el caso.

Los nueve jueces de la corte deberán emitir una opinión en los próximos meses y determinar si el asesoramiento legal inadecuado permite la retirada de la declaración de culpabilidad.

La asociación humanitaria Human Rights Watch recordó en un comunicado divulgado esta semana que el caso a revisión en el Supremo sirve para recordar que más de un millón de inmigrantes han tenido que dejar Estados Unidos desde finales del 2008 a raíz de las órdenes obligaciones de deportación.

Según el grupo, los datos desmienten la creencia popular de que Estados Unidos deporta casi exclusivamente a aquellos no-ciudadanos acusados de crímenes violentos.

En realidad, dice Human Rights Watch, la mayoría de los deportados tiene historiales menos serios que el de Padilla.

Según los datos de la organización, tres terceras partes de los no-ciudadanos deportados en la última década tienen historiales penales relacionados con ofensas no violentas como posesión de marihuana y cocaína, y uno de cada cinco, como Padilla, han vivido en el país de forma legal durante décadas.

Stephen Kinnaird, representante de Padilla, adujo durante los argumentos orales que es obligación de los abogados el informar a sus clientes sobre las ventajas y desventajas de una declaración de culpabilidad.

“Su obligación es informar a su cliente sobre el riesgo legal”, dijo Kinnaird.

Causas de deportación
El Congreso endureció las leyes a mediados de 1990 para convertir la deportación en automática para muchos crímenes.

Kinnaird adujo que los inmigrantes desconocen que serán deportados de declararse culpable y tienen derecho a obtener esa información antes de tomar una decisión.

Pero el fiscal general de Kentucky, Robert Long, dijo que los abogados no tienen la obligación de asesorar sobre las repercusiones migratorias.

El Gobierno estadounidense reconoció durante la audiencia que Padilla había recibido un asesoramiento inadecuado, pero no consideró que se haya producido una violación constitucional.

La juez de origen hispano, Sonia Sotomayor, señaló el martes durante la audiencia que el decidir declararse culpable y evitar ir a juicio implica claros riesgos de los que el acusado debería de ser consciente.

Alison Parker, subdirectora para Estados Unidos de Human Rights Watch, lamentó el que la deportación se aplique de forma automática en muchos casos sin tener en cuenta factores como si el acusado ha estado viviendo de forma legal durante décadas en Estados Unidos.

¿Cree usted que los inmigrantes que cometen delitos deben ser advertidos de los riesgos de declararse culpables para evitar ser deportados de Estados Unidos? Comente aquí.

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